Iniciamos este siglo XXI con problemas agrarios aún no resueltos, a pesar de la  revolución mexicana (1910) y del reparto agrario que se dio durante 75 años (1917- 1992). De los problemas agrarios  que aún aquejan a los campesinos, los principales afectados son los pueblos indios del estado de Chihuahua, Tarahumaras (Rarámuri)  y  Tepehuanos (Odami). 

Las organizaciones sociales e instituciones de gobierno reunidas en la Mesa de justicia y derechos humanos del el Programa Interinstitucional de Apoyo al Indígena (PIAI), le venimos dando seguimiento a 22 casos agrarios, de los cuales 11 están documentados.

Los casos agrarios representan diferentes problemáticas que sintetizamos:

Como vemos en el cuadro anterior de los 11 casos: 2 son de núcleos de población asentados en terrenos nacionales; 1 de los casos es de invasión de terrenos ejidales por ganaderos; 4 son problemas con particulares a quienes se escrituró la tierra, en posesión de comunidades indígenas; 3 casos son problemas causados por la mala actuación de la Secretaría de la Reforma Agraria al entregar dos veces la misma tierra, generándose problema de empalme o linderos;  y 2 casos se refieren a problemas de exclusión de posesionarios de los censos agrarios del ejido.

Sólo estos 11 casos representan 115,179 hectáreas en conflicto,  que afectan a 1,712 familias indígenas Tarahumaras y Tepehuanes, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Carichí, Urique y Guazapares, en algunos casos los conflictos tienen mas de 50 años sin resolverse.

Los casos agrarios que presentamos tienen las siguientes características comunes: 1. El despojo de tierras de particulares a comunidades indígenas, 2. Las omisiones de las autoridades del sector agrario, 3. Los conflictos provocados por las mismas autoridades por resoluciones sin verificación de campo (sobre posición de linderos), 4. La dilación de la justicia agraria a través de los tribunales y 5. La aprobación de permisos de aprovechamientos forestales, cuando existe incertidumbre jurídica, lo que va en detrimento de la economía campesina y del bosque.

Los casos agrarios mencionados también nos muestran la falta de sensibilidad por parte de los gobiernos de la República  para entender la problemática agraria de los pueblos indígenas.

En un  siglo de lucha agraria no se logró que los derechos de posesión originaria fueran reconocidos por el poder ejecutivo de la república y por consiguiente, no obstante ser mexicanos y posesionarios originarios de sus tierras, han quedado fuera de los beneficios del desarrollo económico y social del país. Los campesinos afectados por la problemática agraria después de casi un siglo de lucha por la tierra, ratifican su decisión de seguir siendo indios y campesinos, es por ello, que persisten en su afán de poseer legalmente la tierra. Por esta causa han llegado al siglo XXI con la misma decisión, exigiendo les sea respetado el derecho a la propiedad colectiva sobre su territorio. Esta realidad nos pone de frente a una deuda histórica con los indígenas de la Sierra Tarahumara que han vivido al margen de los derechos sociales y de los beneficios básicos del desarrollo del país.

Apelamos al reconocimiento de las diferencias culturales de los pueblos indígenas, entre las que consignamos el patrón de asentamiento seminómada que los pueblos del estado tenían antes de la llegada de los colonizadores, y que aun existen vestigios de éste,  y la falta de títulos primordiales expedidos por la corona española.  Asimismo, la afectación de los territorios indígenas primero por las leyes de reforma y luego por la reforma agraria fraccionó su territorio en múltiples predios bajo la tenencia ejidal, comunal o privada. En algunos de los casos presentados, las autoridades le dieron  prioridad a  los particulares para la titulación privada de los predios (por falta de documentación de títulos primordiales), en los que ya estaban asentados los núcleos de población indígena, quedando la población indígena bajo la voluntad de los pequeños propietarios, quienes les dieron permisos de sembrar la tierra y tener ganado en mediaría, pero sin derecho al usufructo del bosque y sin el reconocimiento de sus derechos de posesión. ¿Hay alguna diferencia entre esta situación y los peones acasillados del porfiriato?

Con los cambios al Artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria en 1992 se puso fin al reparto agrario, se sentaron las bases para el proceso de privatización de las tierras ejidales y para la resolución de conflictos por la vía de los tribunales agrarios. En la actualidad la mayoría de los funcionarios públicos consideran que ya no hay problemas agrarios, menos aún en Chihuahua.

Sin embargo, esto no es verídico, los problemas agrarios existen y es necesario resolverlos, para ello demandamos que tanto el gobierno federal como el estatal reconozcan la situación de conflictos agrarios en el Estado de Chihuahua y por consiguiente se comprometan a buscar soluciones viables y definitivas de los casos que presentamos.

Con el fin de facilitar el diálogo para llegar soluciones definitivas la Mesa de Justicia y Derechos Humanos del PIAI realizó el foro: Problemas agrarios en la Sierra Tarahumara, los días 29 y 30 de noviembre con los siguientes objetivos:

1. Se firme el convenio entre la federación y el estado de Chihuahua con el fin de hacer un fondo económico para la compra de tierra de posesionarios indígenas en terrenos particulares.
2. Se acuerde con el gobierno del estado la regularización de tierras de los núcleos de población que no quedan incluidos dentro del convenio anteriormente citado y se reconozcan los derechos agrarios de los integrantes de esos núcleos

Bowerasa, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Conciencia Comunitaria, A.C.; ANIPA; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.,  Comisión Estatal de Derechos Humanos. Diócesis de la Tarahumara

Conclusión

Propuesta para la integración de comisión de seguimiento de atención a casos agrarios en la Sierra Tarahumara.

Con la finalidad de atender los problemas agrarios planteados en el Foro agrario denominado Problemas Agrarios en Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, se integra una comisión responsable formada por; Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, la Secretaría de Fomento Social, la Coordinación Estatal de la Tarahumara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las organizaciones sociales; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., Bowerasa A.C., Conciencia Comunitaria, ANIPA, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., con los siguientes objetivos;

MESA No. 1 Comunidades de hecho.

Participantes
Representantes de los núcleos agrarios de población  Indígenas de Huicórachi, Mala Noche 1 y 2 y El Consuelo
Representantes del sector público federal: Lic. Benjamín Serrano, Representante de la Secretaría de Reforma Agraria.
Representante de la Procuraduría Agraria de Cuauhtémoc, Sergio Meza; de San Juanito, Tomás Valderrama y de Parral, Natalia Abúndez.
Representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Hernán Pablo.
Representantes del sector público estatal: Ing. Gabino Quintana Sotelo de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
Representante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Chihuahua, Luis Servando Ríos Ramírez.
Representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Eduardo Medrano.
Representantes del sector No gubernamental: Lic. Ernesto Rábago, Diana Villalobos y María Teresa Guerrero.

Caso 1. Núcleo agrario Huicorachi.

Problema planteado desconocimiento de derechos de posesión sobre una superficie de 1,250 has., aproximadamente.

Acuerdo:

Núcleo agrario de Mala Noche y anexas.

Caso 2. Mala Noche 1.

Problema:

300 indígenas posesionarios en predios particulares, desconociéndoles las autoridades agrarias los derechos de posesión que han detentado desde fechas inmemoriales.

Acuerdo:

Caso 3. Mala Noche 2.

Desconocimiento de los derechos de los posesionarios del núcleo de población indígena de Mala Noche en los terrenos que constituyeron la dotación del Ejido la Nopalera.

Acuerdo:

Caso 4. Núcleo de población El Consuelo.

Problema:
El Tribunal Superior Agrario al resolver el expediente de dotación determinó modificar el mandamiento del Gobernador excluyendo una fracción de 800 has., sin tomar en cuenta que el ejido el Consuelo tiene la posesión de toda la superficie concedida en ese mandamiento (2,600 has.)

Acuerdo:

El núcleo de población a través de su representante legal se comprometió a proporcionar a la SRA con el fin de sustentar la configuración del Art. 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria y se obligue a la SRA a la compra del predio, de los siguientes documentos:
Mandamiento del gobernador, acta de ejecución del mandamiento del gobernador, resolución del Tribunal Superior Agrario.

Caso 5. Núcleo de población Pino Gordo

El C. Prudencio Ramos Ramos, representante de este núcleo se dirige a la mesa para expresar que esperan el cumplimiento de lo establecido en el oficio de la SEMARNAT del mes de noviembre de 2005, relativo a la suspensión del aprovechamiento forestal.

Así mismo pide a los asistentes estar atentos y vigilar el cumplimiento de los compromisos establecidos entre el Gobierno Federal y Gobierno del Estado para la resolución de los derechos agrarios y el respeto de su territorio.

MESA No. 2: Atención a núcleos agrarios legalmente constituidos.

Participantes:
Contando con la presencia de comunidades de Wawachérache, Bakeáchi, Narárachi, del Municipio de Carichí. El ejido de Cuiteco del Municipio de Urique y el Ejido de Coloradas de las Virgenes del Municipio de Gpe. y Calvo, así como la presencia de funcionarios de la Sria. De Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, con presencia del  Delegado Ing. Agustín Medellín, de la Procuraduría Agraria en el Estado y funcionarios de la misma dependencia, los abogados de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los asesores de las comunidades arriba mencionadas.

Se plantean los siguientes casos:

Caso 1. Ejido Huahuacherare

Los integrantes del Comisariado ejidal del ejido indígena de Huahuacherare, del municipio de Carichí, interpusieron demanda en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades agrarias, reclamando la localización, entrega y deslinde de las 21,156-00-00 has., que le faltan de entregar, es decir la ejecución total de su resolución presidencial de dotación de tierras del 20 de Mayo de 1955. Esta demanda fue radicada bajo el número 927/2004.
El 28 de febrero del 2005, el Tribunal Unitario Agrario del distrito Nº 5 dicto la sentencia mediante la cual declara procedente la acción intentada por el ejido Huahuacherare y condena a las demandadas que realicen las gestiones necesarias para que entreguen al ejido actor la superficie que le falta.
Inconforme con esta resolución las autoridades agrarias demandadas el 8 de marzo ultimo interponiendo el recurso de revisión. Este recurso fue resuelto por el Tribunal Superior Agrario, revocando la sentencia.
Inconformes con este fallo se interpuso demanda de amparo directo, misma que fue presentada ante el Tribunal Superior Agrario el 28 de septiembre último.

Acuerdo:

1.-Proponer ante al Gobierno del Estado instrumentar una mesa de trabajo donde participen, Secretaria de la Reforma Agraria, el núcleo agrario, para proponer que se integre al convenio de atención de asuntos agrarios prioritarios en el Estado de Chihuahua.
2.-Mediante la concertación, agotar los procedimientos jurisdiccionales.
3.-De manera paralela y en virtud de que la Secretaria de la Reforma Agraria está obligada ha la ejecución total de la resolución presidencial, dicha institución analizaría el cumplimiento sustituto de la obligación correspondiente.

Caso 2. Ejido Pawichique VS Huahuacherare

Los integrantes del Comisariado ejidal de Pawichique municipio de Guachochi demandaron ante el Tribunal Agrario al ejido Huahuacherare del municipio de Carichí, para que este ultime respetara las mojoneras que delimitan ambos núcleos. Esta demanda se radicó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nº 5 bajo él numero 347/2002.
El 22 de febrero del año en curso se dictó la sentencia que declara procedente la delimitación del ejido Pawichique tomando como base el desahogo de la prueba pericial a cargo de la brigada de ejecución del propio tribunal agrario.
Es pertinente aclarar, que el ejido Huahuacherare esta en posesión únicamente de 21844-00-00 has., que de obligarlos a entregar la superficie que pretende Pawichique el ejido Huahuacherare perdería más de la mitad del territorio que actualmente esta ocupando. Vale señalar que la sentencia dictada por el TUA esta firme.

Acuerdo:
La PA citara a los núcleos en conflicto a efecto de agotar el recurso conciliatorio.
Este asunto se agendará como asunto prioritario en el estado de Chihuahua para ser incorporado al convenio de atención a conflictos agrarios que se propone se firme entre Gobierno del Estado y la Secretaría de la Reforma Agraria.
Ejido Colorada de las Vírgenes.

La demanda consiste en impedir el aprovechamiento forestal, toda vez que existe conflicto agrario por los posesionarios contra los supuestos ejidatario, encabezados por Artemio Fontes.

Ante esta situación se acuerda:

1.- En virtud de que no ha sido posible localizar y notificar a los demandados, se hace necesario que la notificación se haga a través de edictos, que deberán ser pagados por la comunidad demandante, al respecto la CDI se compromete apoyar a la comunidad demandante en el pago de los mencionados edictos.
2.-Se aclara que hasta que no se resuelva la suspensión decretada, se suspende el aprovechamiento forestal. 

Caso 3. Ejido Bakeachi.

En el caso concreto de Bakeachi se presentan los siguientes acuerdos:

Se solicita el apoyo para el pago del perito tercero en discordia en el juicio 79/95 al respecto se comprometen El Gobierno del Estado a apoyar en lo referente a la pericial y la CDI apoyará en los gastos de traslado a la ciudad de México en caso necesario.

Se hacen las denuncias por parte de Baquiachi por las agresiones físicas de que son objeto por  los Ganaderos de Nonoava –invasores de sus tierras- especialmente por Nicolás Caro Terrazas. Por lo que solicitan la intervención del Gobierno del Estado para tener una entrevista con la Procuraduría de Justicia y se agilicen las averiguaciones previas que han interpuesto el núcleo agrario.

Caso 4. Ejido Nanárachi
Inconformidad de la comunidad en contra el Comisariado ejidal por la explotación del Bosque.

PA toma el caso correspondiente como compromiso. Asesorará para la expedición de convocatorias, para que se trate en la asamblea general de ejidatarios, el conflicto que se tiene y se haga la investigación correspondiente.

Caso 5. Ejido Cuiteco

El ejido de Cuiteco reclama la superficie que comprende el antiguo ejido y que actualmente esta en posesión de quienes se dicen pequeños propietarios.

Acuerdo.
La PA se compromete a revisar y estudiar el expediente agrario para dar una respuesta en la asamblea ejidal que se celebrará el 6 de diciembre próximo. Ahora bien a partir de la información que rinda la PA se determinara la acción a seguir en beneficio de los intereses colectivos del ejido.

Caso 6. Ejido Churo.

En el caso de Churo VS San Alonso existe un conflicto de linderos, además de existir un conflicto interno en el ejido Churo generado por el asesor Saúl Carrasco que impide que la comunidad este informada respecto a la tramitación del juicio por conflicto de linderos, además de que tiene en su poder la carpeta básica.

El segundo gobernador, Esteban Gutiérrez solicita el apoyo de la PA para que el ejido recupere la carpeta básica y se les informe el estado procesal del juicio agrario.

La PA se compromete a informar a la comunidad el estado que guarda el expediente de conflictos de linderos y entregarle la carpeta básica al ejido.

Comentarios de la prensa

La Jornada:  http://www.jornada.unam.mx/2005/12/01/020n1pol.php

Reconocimientos

La movilización indígena se hizo gracias al trabajo organizativo y económico de los núcleos de población y ejidos que asistieron al Foro, y a las Organizaciones No Gubernamentales asesoras de los mismos: Bowerasa A.C., Consultaría Técnica Comunitaria A.C., Conciencia Comunitaria A.C. y Anipa.

Agradecimientos

El Foro Problemas agrarios en territorios indígenas de la Sierra Tarahumara recibió apoyo solidario y político de las organizaciones sociales de Chihuahua especialmente de la Colonia Villa, el Barzón y la Diócesis de la Tarahumara.

El apoyo para que el foro se realizara en las instalaciones del Palacio de Gobierno fue otorgado por la Secretaría de Fomento Social y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Y a la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas y la Coordinación Estatal de la Tarahumara, quienes apoyaron en el hospedaje, alimentación y parcialmente en el transporte.