El Grupo de Estudios Ambientales, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras 15 organizaciones, proponen en un documento que: el régimen de responsabilidad debe basarse en el principio internacional de "quien contamina, paga"; todo ciudadano debe tener acceso a las instancias judiciales para demandar la reparación del daño y que los particulares se responsabilicen. Además, insisten en que la reparación del daño deberá incluir las afectaciones a la biodiversidad, al medio ambiente, a la salud humana, a la sanidad vegetal y animal, así como el que pudiera causarse más allá de las fronteras nacionales.

"En los casos en que los países no contemplen un régimen de responsabilidad, se deberán establecer los mecanismos para que empresas aseguradoras asuman los riesgos en tanto se desarrolla dicha regulación", consideran las organizaciones en el documento enviado a los titulares de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; Salud; Educación y Hacienda y Crédito Público. La jornada. Juan Balboa.
http://www2.jornada.unam.mx/2005/may05/050512/043n1soc.php

Mayo 6. Iniciativas de ley aprobadas por la cámara de diputados y de senadores del Congreso de la Unión:

Cámara de Senadores: 1) Iniciativa de productos orgánicos que paso a Cámara de Diputados. (26 de abril). 2) Iniciativa de acceso a recursos genéticos, paso y se turno a Cámara de diputados (27 de abril). Turnada a Comisión de Salud. 3) Se aprobaron modificaciones a la Ley de Vida Silvestre el 28 de abril en materia de derechos indígenas. Se paso a C. de Diputados. 4). Iniciativa que modifica ley de propiedad Industrial, sobre conocimiento tradicional e indígena (crea figura de registros y patentes para dichos conocimientos). Se paso a C. de Diputados.

Cámara de diputados:
1) Iniciativa de conservación y restauración de tierras (25 de abril), tiene que ver con el tratado internacional sobre desertificación). Se mando al Senado el 28 de abril de 2005. Turnada a Comisiones de Agricultura, Medio ambiente y estudios legislativos.
2)Iniciativa para la protección y fomento de semillas mejoradas y variedades nativas mexicanas. ( 28 de abril) Pasa a Cámara de senadores.
Mas información:

Mayo 5. Culiacán, Sin. El precio del maíz bajó cuatro dólares en el mercado internacional, lo que complica el panorama para la comercialización de la cosecha nacional y la obtención de un mejor precio para los productores de Sinaloa, afirmó el gobernador Jesús Aguilar Padilla.

una creciente similitud en las dietas y una mayor dependencia de determinado número de productos. La jornada. Laura Poy Solano.

Mayo 2 Entró en vigor la Ley de Bioseguridad de OGMs. En los próximos 6 meses se deben discutir las normas y reglamentos de la Ley que el Ejecutivo debe proponer. Hay que estar atentos.

Esta legislación que ha sido severamente cuestionada por académicos, comunidades y ambientalistas (y elogiada por las corporaciones y algunos sectores de gobierno), legaliza la invasión de transgénicos a México. Aún antes de entrar en vigor, ya existía siembras experimentales, lo que habla de la irregularidad con la que se dieron los permisos aprovechando la ausencia de un marco normativo integral, que protegiera al medio ambiente y la biodiversidad genética.

La siembra experimental abre el camino a las autorizaciones para la siembra semicomercial y comercial. Existe el riesgo de que al entrar en vigor la Ley las autorizaciones anteriormente otorgadas y las solicitudes pendientes no se vean sujetas a los requisitos mínimos de bioseguridad contemplados en la nueva ley.

Antes de otorgar nuevos permisos, las autoridades deberán establecer mecanismos claros y eficaces de control. Por ejemplo, proteger regiones de alta biodiversidad genetica, hacer obligatorio el etiquetado comercial de transgénicos, requisito indispensable para rastrear cargamentos en caso de accidentes (como ya ocurrió en Europa. Crear los sistemas de vigilancia y monitoreo en las fronteras, así como evaluar posibles impactos a mediano y largo plazos sobre el medio ambiente y la salud de los consumidores.

Las corporaciones extranjeras son las principales beneficiadas por las autorizaciones de siembra, en número y en extensión de los cultivos. En un sitio marginal se encuentran las instituciones mexicanas, apenas con el 8% del total.

Si resulta preocupante la manera como se están concediendo los permisos de siembra, la mayor parte de los campos de México están todavía libres de transgénicos. Las autorizaciones otorgadas comprenden una superficie aproximada de 321,500 hectáreas (más la extensión no definida en 44 permisos, una irregularidad más). Esa extensión corresponde al 0.16% del territorio nacional. Esto significa que aún estamos a tiempo de proteger los cultivos mexicanos ante la contaminación transgénica.

Francisco López Bárcenas
Tierras indígenas: derecho pendiente
(aparecido en la Jornada 4 de marzo de 2005)

Después de 13 años de la reforma al artículo 27 constitucional y la promulgación de una nueva ley agraria para despojar al ejido y la comunidad agraria de su carácter de propiedad social, el tema vuelve a colocarse en la agenda de los poderes federales del gobierno mexicano. Dos propuestas de reforma y una iniciativa aprobada en la Cámara de Senadores dan cuenta de ello. Una proviene del Ejecutivo federal, por conducto del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Cocanosa), y otra de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. Los tres documentos incluyen disposiciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, lo que representa un parámetro de la legitimidad de esta demanda indígena, aunque puede ser también la medida de la idea que la clase política tiene sobre ella.

La propuesta de Cocanosa, igual que la de los senadores, introduce disposiciones para que los indígenas cuenten con traductores o intérpretes cuando sean parte en algún juicio y para que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de dictarse la sentencia. Una buena intención que pierde su efectividad al no expresar qué institución estatal proporcionará los servicios, pues no obstante que esto es una garantía constitucional no existe en toda la República un cuerpo oficialmente acreditado de los
indígenas, como sí los hay en otras lenguas. Igual sucede con la mención de que los usos y costumbres se tomen en cuenta, ya que además de no expresar los fines de ello, insiste en usar un lenguaje anacrónico cuando hasta la Constitución federal ya se refiere a sistemas normativos.

Poco se dice en estas propuestas de los derechos sustantivos, como no sea que las autoridades protegerán las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, repitiendo una disposición que desde 1992 constituye una garantía constitucional, misma que ha sido nulificada por falta de voluntad para reglamentarla. Lo mismo puede decirse de otra disposición de la propuesta impulsada desde el Senado en la que se pretende que los pueblos y las comunidades indígenas se equiparen a las Asociaciones Rurales de
Interés Colectivo para que accedan a los programas de gobierno. Esta iniciativa revive otra que en su tiempo intelectuales cercanos al salinismo hicieran para convertir a los pueblos indígenas en asociaciones civiles en lugar de reconocerles personalidad jurídica.

La nota novedosa en esta materia la presenta el documento surgido de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. En ella se propone una sección de tierras indígenas, modalidad a la cual podrían acceder los ejidos o comunidades que así lo decidieran por mayoría calificada, con sólo acudir por vía de jurisdicción voluntaria ante el tribunal agrario competente. El efecto de declarar tierras indígenas los ejidos o
comunidades sería la restricción de actividades de terceros en tierras que representen valores culturales y espirituales para sus titulares, servidumbres en tierras ajenas a ellos por los mismos motivos, garantía en las modalidades de uso, aprovechamiento y transmisión de tierras de acuerdo con sus instituciones y sistemas normativos.

De igual manera se propone asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales de las tierras a sus titulares y sólo de manera excepcional se podría hacer por terceros. Para el caso de los recursos cuya explotación esté reservada al Estado deberá recabarse su consentimiento previo y acordar con ellos la distribución de beneficios, las medidas para evitar daños al medio ambiente, el paisaje y los valores culturales o, si no es
posible, la forma de repararlos, inclusive cuando se trate de obra pública.

Se prohíbe el desplazamiento de los pueblos o comunidades indígenas de sus
tierras y, si no es posible evitarlo, excepcionalmente se les podrá reubicar, respetando su cosmovisión y conservando el derecho de regresar si desaparece la causa que motivó el desplazamiento. La propuesta expresa que las causas excepcionales deben ser aquéllas donde desplazar a los pueblos o comunidades les acarreé menores perjuicios que si se quedaran. También se prevé el derecho a que ellos mismos dicten las medidas de organización interna, sin contradecir las normas del sistema jurídico. No se trata de una propuesta que satisfaga las demandas de los pueblos indígenas, pero apunta en ese sentido. Queda por ver cómo serán las negociaciones entre la clase política y si las propuestas no quedan atrapadas en las agendas de las elecciones del próximo año. También está por verse qué dirán los propios pueblos indígenas.

Inconstitucional, la ley de aguas: colegio de ingenieros. Angélica Enciso.
La jornada, mayo 25, 2005
La ley de aguas nacionales que entró en vigor el año pasado es anticonstitucional y deja de lado el desarrollo del sureste del país, donde se concentra 70 por ciento del líquido, señaló el Colegio de Ingenieros Civiles, y también anunció que enviará un nuevo proyecto de legislación para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

En una reunión previa al 23 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, a la que asistió el director de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez, uno de los temas centrales de análisis fue la ley de aguas nacionales. Esta legislación es un gran retroceso y fue creada para un país semiárido, sin considerar las regiones donde existe agua, dijo Leandro Rovirosa, integrante del colegio. Jaime Jáquez reconoció que existen aspectos de la ley que se deben modificar, como los relacionados con las sanciones, las cuales son impagables de acuerdo con el actual esquema. En su exposición agregó que el país está entre las naciones con baja disponibilidad del recurso, ya que cuenta con 4 mil 94 metros cúbicos por habitante al año, y advirtió que de mantenerse el crecimiento poblacional y el aumento en la demanda del recurso, en 2025 el promedio nacional percápita bajará a 3 mil 822 metros cúbicos de agua al año.

Saqueo "participativo" de agua y territorio. Ramón Vera Herrera. Hojarasca 97.
La Jornada. 20 mayo 2005.
Hace unas semanas comenzaron a llegar a las autoridades agrarias comunales y ejidales de pueblos indígenas de diversas regiones del país y vastos territorios con bosque, selva y agua, dos cartas redactadas por funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que simulan que la comunidad receptora de las cartas es quien solicita de la dependencia su ingreso "al Programa de pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de Conafor".

http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050516/oja97-agua.html